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La FAA emitió un TFR (Temporary Flight Restriction) que cerró el espacio aéreo sobre El Paso, Texas, bajo el argumento de “razones especiales de seguridad”, provocando la suspensión total de operaciones en el Aeropuerto Internacional de El Paso (KELP). La restricción estableció una zona de exclusión de 20 millas de diámetro, centrada en el aeropuerto, que se extendió desde la superficie hasta 18,000 pies, catalogada como “espacio aéreo de defensa nacional”. El alcance operativo implicó la cancelación de vuelos comerciales, de carga y de aviación general, además de afectar operaciones de fuerzas del orden locales y evacuaciones médicas, un elemento que incrementó la gravedad del escenario. El aviso oficial del aeropuerto confirmó la suspensión de todos los vuelos con origen y destino en KELP, generando desconcierto entre pasajeros y operadores que arribaron a la terminal sin conocimiento previo de la medida. Desde el punto de vista normativo, el lenguaje del NOTAM destacó por su severidad. La FAA advirtió que cualquier aeronave que incumpliera los procedimientos podría ser interceptada, detenida e interrogada por autoridades de seguridad, e incluso señaló que el gobierno de Estados Unidos podría emplear fuerza letal si una aeronave fuera considerada una amenaza inminente. Se trató de uno de los cierres más extensos del espacio aéreo estadounidense desde el periodo posterior al 11 de septiembre. De acuerdo con información citada por medios nacionales, el secretario de Transporte, Sean Duffy, atribuyó el TFR a una incursión con drones vinculada a un cártel de la droga. Otra fuente indicó que la restricción podría haber estado relacionada con pruebas de tecnología antidrones, lo que añade complejidad al análisis operativo y político del evento. La decisión generó reacción inmediata en el Congreso. André Carson, miembro principal del subcomité de aviación, y Rick Larsen, representante del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara, calificaron la situación como inaceptable. Aunque reconocieron la rápida actuación de la FAA para resguardar la seguridad del espacio aéreo estadounidense, cuestionaron la interrupción abrupta y señalaron que el marco legislativo vigente permitió actuaciones consideradas imprudentes en el espacio aéreo público. Ambos legisladores manifestaron su intención de promover una solución bipartidista que fortalezca la coordinación interinstitucional y evite futuras disrupciones. El episodio en Texas y Nuevo México deja interrogantes relevantes sobre la coordinación entre agencias, el uso del concepto de espacio aéreo de defensa nacional y el impacto operacional que pueden generar los NOTAM y TFR emitidos sin previo aviso. Por: InterXtra
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